A partir de mañana, las empresas con más de 50 empleados deberán cumplir con la Ley 2/2023 para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley establece la creación de un canal seguro y anónimo para que los empleados puedan denunciar irregularidades. Anteriormente, solo las empresas con más de 250 empleados debían tener este canal. La nueva normativa se basa en la directiva 2019/1937 y las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta 300.000 euros.
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