En España, la prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad, introducida en 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. A diferencia de otros países, la Constitución española no permite la cadena perpetua como tal, ya que las penas deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social.
La prisión permanente revisable se aplica en casos de extrema gravedad, como homicidios agravados, asesinatos de menores de dieciséis años, genocidio, terrorismo y ciertos delitos sexuales contra menores. Aunque la condena es de duración indefinida, está sujeta a revisiones periódicas. Los reos deben cumplir un mínimo de 25 años antes de que su caso sea revisado.
Desde su implementación, alrededor de treinta personas han sido condenadas a esta pena. El primer caso fue el de David Oubel, quien asesinó a sus dos hijas en 2015. Otros casos mediáticos incluyen a Ana Julia Quezada, autora del asesinato de Gabriel Cruz, y José Enrique Abuín, alias El chicle, responsable de la muerte de Diana Quer.
La aprobación de esta pena generó controversia y fue criticada por la oposición, que la consideró una “cadena perpetua encubierta”. Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó estos argumentos. En 2019, el Tribunal Supremo revocó por primera vez una condena de prisión permanente revisable, reduciendo la pena de Sergio Díaz a 24 años de cárcel.
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