El Gobierno de Venezuela ha decidido suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El canciller Yván Gil afirmó que la oficina se ha desviado de su mandato y se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema. El Gobierno también anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica con la agencia. Esta medida se mantendrá hasta que rectifiquen su actitud ‘colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas’. La decisión ha sido condenada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, que señala que la salida de la ONU aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de derechos humanos. El anuncio del Gobierno de Maduro se produce después de que el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, informara que ocho de cada 10 venezolanos viven en la pobreza y más de la mitad en pobreza extrema. Fakhri también señaló que las sanciones contra el país han contribuido a esta situación, pero criticó los programas del Gobierno para atender el hambre, afirmando que se han convertido en ‘donaciones caritativas’ y ‘susceptibles al clientelismo político’. Además, destacó que la alta inflación debilita el poder adquisitivo de las personas y aumenta los riesgos de inseguridad alimentaria. El relator también mencionó que algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida, una situación que será incluida en su informe de conclusiones que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo.
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