A partir del 1 de diciembre, las empresas con más de 50 empleados en España deben cumplir con la Ley 2/2023 para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y corrupción. Esta ley establece la creación de un canal interno seguro y anónimo para que los empleados puedan denunciar irregularidades. Anteriormente, solo las grandes empresas estaban obligadas a tener este canal, pero ahora se extiende a las pymes. La Directiva Europea 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, establece un marco de protección para los informantes. Las empresas tienen hasta el 1 de diciembre para implementar este canal de denuncias internas o enfrentar sanciones que pueden llegar hasta un millón de euros. Las administraciones autonómicas han creado oficinas antifraude para apoyar a las empresas en este proceso, pero aún no hay un organismo centralizado a nivel estatal para recibir las denuncias. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones económicas y la prohibición de acceder a subvenciones públicas.
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