La inyección letal se ha convertido en el método más habitual de aplicar la pena de muerte en Estados Unidos desde su reinstauración en 1976. Aunque la inyección letal se considera constitucional y no viola la protección contra penas crueles e inusuales, la ética en el lugar de trabajo dicta que los profesionales médicos no deben participar en esta práctica. El proceso de inyección letal implica la administración de un trío de sustancias químicas en tres pasos: un anestésico para dejar inconsciente al recluso, un paralizante para inmovilizarlo y un fármaco para detener su corazón. Sin embargo, el uso de ciertos fármacos ha sido objeto de controversia y demandas legales. Aunque los tribunales han dictaminado que estos fármacos protegen suficientemente a los reclusos del dolor, algunos expertos argumentan que pueden causar sufrimiento. Es importante destacar que el proceso de inyección letal no siempre se desarrolla según lo previsto, y ha habido casos de ejecuciones fallidas en las que los reclusos han sufrido desmesuradamente. A pesar de su uso generalizado, la participación de los médicos en la pena de muerte sigue siendo un tema ético y controvertido.
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