El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre los cambios que aplicó el Gobierno al Impuesto sobre el Patrimonio en 2021. Unos cambios recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de dicho año entre los que destacan la subida del tipo máximo y el carácter permanente de este tributo. Y la sentencia podría inclinarse por declarar inconstitucional este tributo, que afecta a los contribuyentes que tengan más de 700.000 euros de riqueza personal y cuya recaudación neta se situó en 2022 por encima de los 1.200 millones de euros. El tribunal podría tumbar la reinstauración permanente del impuesto al haber indicios de que vulnera dos principios constitucionales: el principio de reserva de ley y el de capacidad económica. Si su fallo final se inclina por la inconstitucionalidad, estaría en juego la devolución de las liquidaciones de los tres últimos ejercicios. En 2021 se recaudaron 1.352 millones de euros y en 2022, otros 1.203 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar las liquidaciones del ejercicio fiscal 2023.
Imagen | infobae
