El canciller venezolano, Yvan Gil, anunció la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El gobierno acusa a la institución de actuar parcialmente y de apoyar a grupos golpistas y terroristas. Esta decisión coincide con las denuncias por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de traición a la patria y terrorismo. La ONU ha expresado su preocupación por la detención y ha pedido su liberación inmediata. Tras confirmarse el paradero de San Miguel, el gobierno venezolano ha ordenado la salida del personal de la oficina de DD.HH. en Caracas.
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