A partir de este 1 de enero, miles de universitarios que disfrutan de prácticas curriculares durante sus estudios tendrán que cotizar como un trabajador más de la empresa o entidad en la que aprenden y, a la vez, prestan sus servicios. Esta gestión, que según la ley debería recaer en las compañías salvo pequeñas excepciones, en la práctica está causando grandes estragos a los centros académicos que tendrán que hacerse cargo de hasta 400.000 expedientes. La inmensa mayoría de las compañías privadas se niegan a realizar estos procedimientos administrativos relacionados con las altas y bajas en la Seguridad Social. Por otro lado, las Administraciones públicas tampoco quieren enfrentarse a ello, siendo los grandes damnificados el alumnado de Ciencias de la Salud y Educación. La regulación establece que el coste de estos trámites debe ser asumido por las entidades o empresas receptoras de los estudiantes, no las universidades. Sin embargo, la excepción planteada en la normativa ha pasado a ser la norma en la práctica. Las universidades estiman que tendrán que gestionar con la Seguridad Social unas 400.000 prácticas cada curso escolar. Ante esta situación inédita, las universidades se han fortalecido con la contratación de personal extra solo dedicado para este tipo de trámites.
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