La negociación del último Real Decreto-Ley con medidas para aliviar el daño de la inflación ha vuelto a forzar las costuras ideológicas del Gobierno de coalición. Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de algunas de las medidas que caducan el 31 de diciembre, como la rebaja del IVA de los alimentos básicos o los bonos sociales para pagar la luz y la calefacción, y la retirada o la modificación de otras. Sobre algunas medidas en concreto, como los descuentos al transporte público o los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca, se ha producido un intenso debate en las últimas horas, evidenciando las diferentes visiones sobre la política económica que existen dentro del Ejecutivo. Las discusiones entre el gabinete del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y los de las cuatro vicepresidentas económicas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero, se alargaron el martes hasta el último minuto, según distintas fuentes de todas las partes implicadas. Uno de los grandes choques dentro del Gobierno de coalición fue la discusión sobre prorrogar los descuentos al transporte público para toda la población, como proponía Sumar, o solo para jóvenes y parados, como habían dispuesto desde los Ministerios socialistas. Finalmente se llegó a un acuerdo sobre las 23:00 horas del martes. En este punto se ha seguido la pauta de que había propuesto el equipo de Yolanda Díaz frente a las ayudas selectivas que habían diseñado en el PSOE. El decreto recogerá que se alarga durante 2024 la bonificación del transporte público para todo el mundo. Efectivamente, otro de los principales desencuentros sobre el nuevo paquete saltó respecto a bonificar o no el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. En el acuerdo para formar Gobierno, PSOE y Sumar pactaron dar continuidad a este tributo que nació en 2022 como respuesta al exceso de ingresos obtenidos por las empresas de electricidad, gas o petróleo como consecuencia de la crisis energética exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. Este martes, fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, lamentaron que el PSOE pretendiera incluir, ‘a petición del PNV [uno de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez]’, bonificaciones a este impuesto según el porcentaje de ganancias que las empresas consiguieran dentro de España. ‘Es absurdo, porque se quedan muchas compañías exentas de pagar el tributo’, critican desde el Ministerio de Trabajo. La bonificación tendría el objetivo de defender a las compañías más presentes dentro de nuestras fronteras y castigar a las extranjeras o a las más internacionalizadas. En el acuerdo para formar Gobierno de finales de octubre se contemplaba su adaptación a un contexto de moderación de las subidas de los precios de la energía, como se espera en los próximos meses. Respecto a las medidas relacionadas con los precios de la energía, la pelea ha sido fuerte igualmente. Definitivamente, el Gobierno subirá los IVA de la electricidad y el del gas natural al 10%, desde el 5% al que los redujo en 2021, según adelantó El País. Este incremento los dejará lejos del 21% en el que estaban antes de que estallara la crisis de precios. Las fuentes de la negociación no confirmaron si el impuesto especial de la electricidad también se elevará desde el 0,5% al que se redujo. Hay que tener en cuenta que el contexto es diferente al de 2022 y al de este 2023. Por un lado, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se estrenan en 2024, obligan a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) por debajo del 3% del PIB (Producto Interior Bruto). El coste de las medidas para aliviar el golpe de la inflación a las empresas, a las familias y a la economía en general se elevó a 22.000 millones de euros en 2022 (cuando el déficit fue del 4,7%) y se ha quedado en 15.000 millones en 2023 (con un déficit que rondará el 3,9%). Para 2024, el objetivo es dejar el desequilibrio presupuestario en el 3%. Una meta que, según la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deja ‘margen para prorrogar o activar las medidas de apoyo si fuese necesario’. Pero la cifra concreta del paquete que se aprobará este miércoles será muy inferior a las anteriores, que en conjunto superan los 3 puntos de PIB hasta ahora. Por otra parte, las subidas de precios se han moderado en los últimos meses, aunque se espera que en 2024 la inflación siga de media en el 3,3% (según la última proyección del Banco de España). Es decir, que siga casi en el mismo nivel de este año que termina, precisamente por la retirada progresiva de la mayoría de las medidas de choque. Al mediodía, se hizo público otro punto común: EH Bildu [otro de los partidos que apoyaron la investidura] anunció un acuerdo con el Gobierno de coalición para que continúe la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025. Las partes también cerraron los bonos sociales, dirigidos a familias vulnerables, para hacer frente a la factura de la luz y de la calefacción. Este miércoles se conocerán más detalles. Mientras, la formación abertzale celebró estas medidas que, junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres implantado mediante la Ley de Vivienda, consideran ‘imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias’. La semana pasada, Bildu ya informó que se había llegado a un acuerdo para la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias, según recuerdan desde el partido vasco. Las fuentes de la negociación no confirmaron si, este miércoles, el consejo de ministros retirará todas las ayudas sectoriales, como la bonificación al combustible de transportistas y agricultores y el resto que recibe la industria más electrointensiva. En otras cuestiones en disputa, como ocurre con el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno de coalición se ha concedido a sí mismo una tregua. ‘Mantenemos una evaluación y análisis permanente para asegurarnos de que nuestro sistema fiscal está en sintonía con el contexto y las necesidades económicas’, defienden desde Hacienda. Además, recientemente, se elevó de 29.000 euros a 38.000 el umbral de renta a partir del cual las familias pueden adherirse a los mecanismos diseñados para aliviar el encarecimiento de las hipotecas. Asimismo, se pactó con la banca ampliar durante una año más, durante todo 2024, la gratuidad que se contemplaba para los clientes con hipotecas variables para las amortizaciones anticipadas o el traspaso de créditos a tipos fijos. También a aquellos productos a tipos mixtos, que han ido ganando peso en los últimos meses y que es una novedad respecto al anterior código de buenas práctica firmado por el sector financiero y el Ejecutivo.
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