La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como Muface, se enfrenta a una situación crítica. Fundada el 20 de julio de 1975, Muface gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, incluyendo el acceso a servicios sanitarios. Sin embargo, este sistema está en riesgo debido a la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras que gestionan el concierto sanitario.
Actualmente, tres aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, mantienen este acuerdo, que finaliza el 31 de diciembre de 2024. Las compañías han expresado su descontento con el incremento del 14% propuesto por el Gobierno en las primas, argumentando que necesitan un aumento del 40% para cubrir sus costos. La situación se complica aún más con el aumento de la siniestralidad y la inflación, lo que ha llevado a las aseguradoras a perder 200 millones de euros anuales.
La falta de un nuevo acuerdo podría afectar a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, quienes tendrían que recurrir a la saturada sanidad pública. Este escenario podría agravar las listas de espera y aumentar el coste para el Estado, ya que la prima por ciudadano en el sistema público es significativamente más alta que en Muface.
Los sindicatos, como CSIF, ya han comenzado a movilizarse, amenazando con huelgas si no se garantiza la financiación adecuada para Muface. La situación es incierta y las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de la atención sanitaria de los funcionarios en España.
