La Dirección General de Consumo ha notificado a las mercantiles inmobiliarias que no pueden cobrar comisiones a los inquilinos. Esta práctica puede ser sancionada con multas de hasta 100.000 euros, e incluso con hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser a cargo del arrendador. El cobro de comisiones por parte de las inmobiliarias podría considerarse abusivo según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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