El confinamiento por Covid-19 en España tuvo un impacto significativo en las autopistas de peaje, ya que la reducción del tráfico de vehículos afectó los ingresos de estas empresas. Una de las concesionarias afectadas, Audasa, reclamó al Estado una compensación de 46,1 millones de euros por la disminución de sus ingresos en 2020.
Esta reclamación se basaba en el Real Decreto-ley 8/2020, que establecía que las empresas con contratos de concesión de obras o servicios tenían derecho a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato debido a la situación creada por el Covid-19. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó la reclamación de Audasa, argumentando que la empresa no había sufrido pérdidas ni había sido puesta en riesgo por las medidas de confinamiento.
A pesar de esto, Audasa había obtenido beneficios de 33,7 millones de euros en 2020, aunque inferiores a los obtenidos en 2019. Además, la compañía esperaba aumentar sus beneficios en los años siguientes, habiendo alcanzado una cifra récord de 82,6 millones de euros en 2023.
Es importante destacar que algunos tramos de la Autopista del Atlántico (AP-9), gestionada por Audasa, son considerados los más caros de España en términos de precio por kilómetro. Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el coste medio por kilómetro entre Tui y Ferrol es de 0,10 euros, mientras que entre Vigo y Pontevedra es de 0,20 euros y entre Puxeiros y Tui es de 0,188 euros.
A pesar de la negativa del Tribunal Supremo a otorgar una compensación a Audasa, otras empresas del sector también han presentado reclamaciones por los daños económicos causados por los confinamientos del Covid-19. Estas reclamaciones se basan en la posibilidad de restablecer el equilibrio económico de los contratos de concesión afectados por la situación creada por la pandemia.
En resumen, las concesionarias de autopistas de peaje en España han sufrido una disminución de ingresos debido al confinamiento por Covid-19. Aunque Audasa reclamó una compensación al Estado, el Tribunal Supremo rechazó su solicitud al considerar que la empresa no había sufrido pérdidas ni estaba en riesgo. A pesar de esto, otras empresas del sector también han presentado reclamaciones basadas en la posibilidad de restablecer el equilibrio económico de los contratos de concesión afectados por la pandemia.
Imagen: Audasa
