El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se jactaba hace un año de haber suprimido 58 aplicaciones móviles que consideraba «piratas». Estas aplicaciones contaban con 1,1 millones de usuarios en España y 5 millones a nivel global. Sin embargo, la definición de «eliminadas» no está clara. Si solo se refiere a su eliminación de las tiendas oficiales, existen múltiples alternativas para acceder a ellas.
Tebas afirmó que su lucha incluye borrar estas aplicaciones de los dispositivos de los usuarios a distancia. Esto plantea dudas sobre la efectividad de sus acciones, ya que si las infraestructuras de las aplicaciones se hubieran eliminado, no habría preocupación por su permanencia en los dispositivos.
Además, la misión de LaLiga plantea problemas éticos y jurídicos. Comparar la difusión de contenido deportivo con delitos graves como la pornografía infantil es una equiparación desafortunada. La legislación española y europea no considera el acceso no autorizado a contenido deportivo como un delito grave.
La afirmación de Tebas sobre la colaboración con Google y Apple para eliminar aplicaciones también es cuestionable. Apple intentó rastrear imágenes para detectar pornografía infantil, pero se echó atrás debido a la controversia sobre la privacidad. LaLiga no tiene la autoridad para decidir qué se debe borrar de los dispositivos de los usuarios, quienes son los verdaderos propietarios de sus dispositivos.
Por último, es importante recordar que muchas aplicaciones IPTV son legales. Aunque algunas pueden ofrecer contenido no autorizado, su uso no es ilegal en sí mismo. LaLiga enfrenta un desafío complejo en su lucha contra la piratería, que requiere un enfoque más matizado y legalmente fundamentado.
Imagen: Marcos Merino mediante IA
