La última reforma laboral de 2022 en España introdujo nuevos modelos de contrato y regulaciones sobre el teletrabajo. Sin embargo, mantuvo el modelo de despido de 2012, que la UE considera perjudicial para los trabajadores. La Unión Europea ha solicitado un aumento en los costes de indemnización por despido, argumentando que la normativa actual no protege adecuadamente a los empleados.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) concluyó que la legislación española viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea. Este artículo garantiza el derecho a una indemnización adecuada para los trabajadores despedidos sin causa justificada. La normativa española actual establece una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, lo que limita la capacidad de los jueces para evaluar las circunstancias personales de cada caso.
La propuesta europea sugiere que la decisión sobre la indemnización debería ser tomada por los jueces, quienes considerarían factores como la edad y la situación familiar del trabajador. Esto podría resultar en indemnizaciones más justas, pero también plantea preocupaciones sobre la seguridad económica de las empresas, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población laboral.
UGT ha solicitado una mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno para adaptar la legislación española a la directriz europea. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado reticencias a modificar la ley actual, argumentando que ya cuenta con mecanismos para cumplir con la normativa europea. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que podría haber espacio para reformas en el futuro.
La situación actual genera incertidumbre tanto para los trabajadores como para las empresas. La indemnización tasada permite a las empresas prever los costes de despido, lo que podría restar efectividad a su carácter disuasorio. La falta de cambios en la legislación podría perpetuar una situación que no favorece a los trabajadores despedidos, mientras que la presión de la UE podría forzar una revisión de la normativa en un futuro cercano.
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