En España, alrededor de 11 millones de consumidores están acogidos al PVPC, la tarifa regulada eléctrica, según datos de Red Eléctrica. Esta tarifa se caracteriza por ofrecer precios razonables y ser accesible para todos los hogares, lo que la convierte en una opción competitiva. Sin embargo, el PVPC es considerado un rara avis dentro del mercado energético europeo, donde predominan las tarifas del mercado libre.
Recientemente, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español información sobre la reforma del PVPC, que se planea implementar a principios de 2025. Esta petición se enmarca dentro del Reglamento sobre la electricidad, que exige a los países europeos eliminar obstáculos en el mercado mayorista de electricidad. Aunque el PVPC proporciona un precio regulado para pequeños consumidores, algunos participantes del mercado han expresado dudas sobre su impacto en la competencia.
La Comisaria Europea de Energía está presionando para que, a partir de 2026, el PVPC se limite a los hogares vulnerables. Esto significaría que solo unos 1,6 millones de hogares podrían acogerse a esta tarifa, mientras que aproximadamente 6,9 millones de hogares perderían esta opción. A pesar de los riesgos asociados al PVPC, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) defiende su mantenimiento para todos los hogares con una potencia de hasta 10 kW, argumentando que mejora los precios medios del mercado y puede reducir la factura eléctrica significativamente.
El sistema eléctrico español se encuentra en una encrucijada. La presión desde Bruselas para reformar o eliminar el PVPC podría tener un impacto considerable en millones de consumidores. A medida que se discuten las posibilidades sobre el futuro del PVPC, es crucial que el Gobierno considere las implicaciones de cualquier cambio en esta tarifa.
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