La caza de brujas política en España: persecución a líderes catalanes y personalidades del mundo de la justicia

Durante el periodo de 2012 a 2016, el Ministerio del Interior de España llevó a cabo una serie de investigaciones ilegales y persecuciones políticas contra líderes nacionalistas catalanes, así como contra figuras del ámbito de la justicia y las fuerzas del orden. Estas acciones fueron llevadas a cabo por unidades policiales que operaban al margen de la ley y sin control judicial. Los nombres de los objetivos a perseguir estaban en manos del ministro Jorge Fernández Díaz, quien no solo no desautorizó estas investigaciones, sino que las alentó. Las pruebas de esta cacería política están saliendo a la luz gracias a una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia. Entre las víctimas de esta persecución se encuentra el ex fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, quien fue perseguido por abrir diligencias para investigar una noticia falsa sobre el expresidente de Catalunya Artur Mas. Además, se intentó vincular a Rodríguez Sol con la financiación ilegal de un partido político catalán. Estas acciones ilegales fueron llevadas a cabo por unidades policiales que operaban sin pruebas sólidas y al margen del control judicial. En el caso del ex jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se le acusó sin pruebas de proteger a una supuesta red de narcotráfico. Sin embargo, la sentencia del caso Macedonia, una macrocausa sobre una presunta trama de narcotráfico, concluyó que no existió protección por parte de los Mossos y que no se pudo probar que los acusados se dedicaran a vender droga. A pesar de la falta de pruebas, la brigada política del Partido Popular intentó imputar a Trapero en este caso. En resumen, estas acciones ilegales y persecuciones políticas llevadas a cabo por el Ministerio del Interior de España durante el periodo de 2012 a 2016 han salido a la luz, revelando una caza de brujas contra líderes catalanes y personalidades del mundo de la justicia. Estas acciones fueron llevadas a cabo por unidades policiales que operaban al margen de la ley y sin control judicial, y se basaban en rumores y medias verdades sin pruebas sólidas. A pesar de la falta de pruebas, se intentó vincular a estas figuras con delitos como la financiación ilegal y el narcotráfico.

Imagen | elDiario.es

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