La Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar con 4.500 euros al propietario de un BMW 318d Gran Turismo, valorado en 41.800 euros, que fue confiscado por la Policía Judicial en 2016. El vehículo, que tenía poco más de 10.000 kilómetros en su odómetro al momento de la confiscación, fue devuelto en 2020 con 120.000 kilómetros recorridos y varios daños, incluyendo una fractura de paragolpes trasero y roces de pintura en la parte lateral derecha.
El propietario del coche estaba siendo investigado por un presunto delito de pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales, cargos que no pudieron ser demostrados, resultando en su absolución. Tras la devolución del vehículo, el dueño reclamó los daños causados, solicitando una indemnización de 54.000 euros por averías, depreciación, gasto en peritos y kilometraje.
La sentencia, recogida por El País, establece que el Ministerio de Justicia incumplió su deber de custodia y conservación de los bienes embargados, según el artículo 1788 del Código Civil. Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que el concepto de pérdida de valor no tiene cabida en este caso, ya que los vehículos se deprecian con el tiempo, incluso si han sido correctamente cuidados.
Finalmente, el Ministerio de Justicia ha sido condenado como responsable patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados, y deberá pagar 4.525 euros al afectado. Esta cantidad, aunque menor a la solicitada, reconoce los daños específicos en la pintura y el paragolpes trasero del vehículo.
Imagen: Motorpasión
