La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes una discutida y restrictiva ley de inmigración, que tuvo los votos de la ultraderecha, en una votación que amenazó con generar una crisis política en el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. El texto fue aprobado por 268 votos a favor (los del bloque macronista, los conservadores de LR y la ultraderecha del RN) y 186 en contra, básicamente de la coalición izquierdista Nupes. El golpe de efecto llegó cuando la líder ultraderechista Marine Le Pen anunció que su partido (Agrupación Nacional, RN) apoyaría el texto y trató de apropiarse de su aprobación, al proclamar “una victoria ideológica”. El texto es “imperfecto”, pero “permite la regularización de trabajadores sin papeles”, unos 10.000 por año, en sectores económicos en tensión, señaló Darmanin ante el pleno de la Asamblea antes de la votación, donde criticó a la ultraderecha por aceptar un acuerdo que antes rechazaba con el objetivo de tender “una trampa política”. El acuerdo ha disgustado al ala izquierda del macronismo, y tres de los ministros que representan a esa tendencia (los de Sanidad, Enseñanza Superior y Vivienda) amenazaron con dimitir si el proyecto de ley era aprobado. El texto acordado limita a 10.000 trabajadores anuales, pero no bloquea, el objetivo del Gobierno de regularizar a los inmigrantes indocumentados que se desempeñen en sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería. Además, extiende a cinco años desde los actuales seis meses, el período de espera a que los inmigrantes legales extracomunitarios pueden solicitar ayudas para la vivienda o de carácter familiar. También se suprime el derecho automático al trabajo para los solicitantes de asilo (actualmente hay un período de espera de seis meses). Otro elemento es que se endurecen las condiciones de acceso al trabajo para los estudiantes extranjeros. Adicionalmente, se establece el objetivo de crear cuotas de inmigrantes anuales, se crea el delito de residencia ilegal en suelo francés, penado inicialmente con fuertes multas, y se prevé la retirada de la nacionalidad a los binacionales que cometan ciertos delitos. En cambio, se prohíbe el ingreso de menores de edad en centros de detención administrativa para inmigrantes indocumentados y se aumentan las penas para los traficantes de inmigrantes.
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