En la Administración Pública, los interinos enfrentan un complicado panorama legal. Aunque cumplen con los mismos deberes que los funcionarios, carecen de algunos derechos fundamentales. Esto se debe a dos sentencias contradictorias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Ley 20/2021 busca poner fin a la temporalidad, limitando a tres años la duración de los contratos interinos. Tras este periodo, se presentan tres opciones: indemnización y despido, conversión a contrato indefinido sin ser funcionario, o superar un examen para convertirse en funcionario.
Sin embargo, las sentencias del TS y del TJUE han generado confusión. El TS sostiene que los interinos deben acceder a un puesto fijo mediante oposición, mientras que el TJUE permite la contratación indefinida sin examen, aunque sin la condición de funcionario.
El TJUE critica la normativa española, argumentando que no sanciona adecuadamente los abusos y que la indemnización por despido es insuficiente. El Gobierno, a través de José Luis Escrivá, defiende que la ley ha regularizado el 75% de los interinos y que se están agilizando las oposiciones.
Los tribunales están resolviendo casos complejos, como el de un docente interino que recibió una indemnización tras superar su examen de consolidación. Las comunidades autónomas, como la Generalitat Valenciana, están comenzando a establecer procedimientos para la transición de interinos a funcionarios, incluyendo compensaciones económicas.
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