El Gobierno español ha aprobado un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. El plan, que estará vigente hasta 2027, sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo y consta de cinco ejes de actuación: reconocimiento de las víctimas, reparación del daño, atención y prevención, formación y sensibilización, e informar e investigar. Se propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones y la colaboración de la Iglesia en la reparación de los casos prescritos. Si la Iglesia no colabora, se establecerá un proceso administrativo para reconocer a las víctimas y proporcionar medidas reparadoras.
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