Alberto González Amador está acusado de fraude fiscal por comisiones de dos millones de euros en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. La ingeniería contable utilizada para evadir impuestos ha sido denunciada por la Fiscalía. El fraude estimado por Hacienda asciende a 350.951 euros. La empresa de González Amador, Maxwell Cremona, facturó casi el 85% de sus ingresos de una única operación de intermediación para la venta de productos sanitarios. La Agencia Tributaria destaca el secretismo del contrato y la falta de participación de González Amador en la operación. FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros por la venta de material sanitario a Mape Asesores. Las entregas se realizaron en los meses críticos de la pandemia. La pareja de Ayuso justificó su trabajo como intermediario para conectar a FCS con Mape a través de una empresa radicada en Florida. El contrato firmado garantizaba a González Amador un porcentaje de las ventas gestionadas. El pagador, FCS Select Products, fue el proveedor que más material vendió al Gobierno de España. La empresa de González Amador traspasó su negocio a una segunda firma sin estructura ni trabajadores llamada Masterman and Whitaker.
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