Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), uno de cada cuatro litros de diésel que compramos en España es fraudulento. Este entramado, que opera desde hace aproximadamente 13 meses, le cuesta al Estado 1.900 millones de euros anuales.
La investigación se centra en 400 estaciones de servicio en 14 comunidades autónomas, que podrían estar defraudando el IVA que deberían declarar. Se ha descubierto que el diésel vendido en estas gasolineras proviene de fuentes ilegales, principalmente de Rusia, Siria e Irán, eludiendo así los embargos internacionales.
Los precios del diésel en estas estaciones son entre 40 y 60 céntimos por litro más baratos, lo que ha generado una competencia desleal. Este ahorro para el consumidor final, que puede llegar a más de 20 euros por cada 50 litros, ha incentivado el fraude. El combustible es refinado en países como Marruecos o Turquía antes de ser vendido en España como si fuera de origen legal.
El fraude se distribuye en tres pilares principales. Primero, el diésel ilegal no cumple con la normativa de biocarburantes, lo que representa entre 500 y 600 millones de euros. Segundo, las empresas involucradas no contribuyen al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, lo que se traduce en una pérdida de entre 60 y 100 millones de euros. Por último, el fraude más significativo se encuentra en el IVA, que se estima en 1.200 millones de euros.
La ONIF ha observado un aumento alarmante en las solicitudes para obtener el título de operador al por mayor de petróleo, lo que ha llevado al Ministerio a paralizar 200 peticiones. Este tipo de prácticas ilegales ha crecido del 5% al 25% en solo cuatro años, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.
Imagen: Xataka
