Con el país en niveles récord de afluencia de visitantes y el coste de la vivienda convertido en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, las autoridades se han lanzado a regular los alojamientos para turistas. El objetivo es ponerles coto, lo que en algunos casos se traduce en un cierre masivo. Esta tendencia ha ganado impulso en los últimos meses con movimientos en Cataluña, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga o Córdoba.
El negocio de los pisos turísticos se ha expandido con fuerza en España, animado por el aumento del flujo de visitantes extranjeros tras la pandemia y las facilidades que ofrecen plataformas como Airbnb. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 351.400 “viviendas turísticas” con 1,75 millones de plazas en el país. En algunas ciudades, la oferta de alquiler vacacional ya supera a la hotelera.
Las autoridades locales están tomando medidas para regular el alquiler vacacional. Madrid ha lanzado un “plan de acción” que congela la concesión de licencias y endurece las sanciones. Valencia ha activado una moratoria, y en Sevilla, Málaga, Córdoba y Vigo también se han dado pasos para limitar la oferta. En Santiago de Compostela, la nueva regulación tumba las viviendas de uso turístico que no se ajusten al Plan de Ordenación Municipal ni al Plan Especial de la Ciudad Histórica, lo que podría llevar al cierre de 650 pisos turísticos.
El cambio normativo en Santiago afecta a cientos de personas, incluidos pequeños propietarios que han invertido sus ahorros en apartamentos para turistas. La nueva normativa permite el alquiler turístico solo durante un máximo de 60 días al año y fija límites para las VUT (viviendas de uso turístico). Los afectados insisten en los perjuicios económicos y advierten del efecto en la oferta de alojamiento de la ciudad.
Imagen: Juan Antonio Segal (Flickr)
