La evaluación independiente de la ley de medidas de lucha contra el fraude en España revela lagunas de seguridad jurídica y cuestiona la limitación a 1.000 euros del uso de dinero en efectivo. Aunque la medida puede ser eficaz para combatir el fraude, se considera desproporcionada y no alineada con otros países de la UE. El informe también destaca debilidades en el valor de referencia catastral y señala preocupaciones sobre el cumplimiento de la legislación de protección de datos y la lista de deudores a Hacienda. Además, la ley prohíbe las amnistías fiscales, pero se plantea la posibilidad de que pueda ser modificada en el futuro. El Gobierno defiende las medidas y argumenta que el uso de efectivo facilita el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
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