España ha registrado un aumento extraordinario de solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica en los últimos años. Los principales solicitantes son plantas de producción de hidrógeno verde, centros de procesamiento de datos, instalaciones de almacenamiento de energía y otros proyectos vinculados a las renovables. Sin embargo, muchos de estos proyectos resultan ser empresas fantasma que acaparan permisos para luego revenderlos. El Gobierno español ha implementado una nueva regulación, el Real Decreto-ley 8/2023, para frenar esta práctica. La reforma establece requisitos más exigentes para demostrar la viabilidad de los proyectos y prioriza a aquellos que estén más avanzados y bien financiados. Además, se desconectarán de la red los proyectos que no se desarrollen en un plazo de cinco años desde su obtención de permisos. Las empresas con permisos adjudicados antes de la entrada en vigor de la ley tendrán un periodo de gracia para cumplir con los nuevos requisitos. En resumen, España está tomando medidas para desconectar los proyectos ‘fantasma’ de la red eléctrica y garantizar que solo se desarrollen aquellos que sean reales y contribuyan a la descarbonización.
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