Alrededor de 3,5 millones de empleados públicos han comenzado 2024 con sus nóminas congeladas y con muchos asuntos laborales pendientes, como la semana laboral de 35 horas o el teletrabajo. La falta de presupuestos ha sido la justificación del Gobierno para no aplicar desde este enero la subida del 2% que fue pactada con UGT y CC.OO., generando malestar entre los funcionarios. CSIF reclama una subida de salario para los funcionarios, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% en dos años. Además, reclama avances laborales como la jornada laboral de 35 horas y la homogeneización de la promoción interna. También pide una regulación de la jubilación parcial y la no discriminación en la edad de jubilación forzosa. CSIF también solicita la consideración de las lenguas cooficiales como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de los derechos laborales. Además, reclama al ministro que negocie con los sindicatos el desarrollo de la Ley de Función Pública, que aborda asuntos como la valoración del desempeño del empleado público. El Ejecutivo ha dejado en manos de la negociación colectiva los criterios de esa evaluación.
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