El precio medio del alquiler en España ha aumentado un 12,6% en comparación con el año anterior, lo que dificulta el acceso a la vivienda en las zonas más tensionadas del país. Este problema no es exclusivo de España, sino que es un desafío global que algunos países ya han abordado con soluciones.
Regulación de los precios de alquiler
Alemania ha implementado políticas innovadoras para regular los precios del alquiler, que han servido como modelo para otros países. Cada estado federado tiene la autoridad para permitir que los municipios establezcan regulaciones en las áreas con alta densidad poblacional, donde los precios aumentan más que el promedio estatal y el gasto de los arrendatarios supera el promedio nacional.
En Suecia, el precio de referencia se determina a través de negociaciones colectivas entre los arrendatarios, las compañías de vivienda municipales y los propietarios privados. Sin embargo, esta medida puede reducir la disponibilidad de viviendas y aumentar los precios de las propiedades del mercado libre que no están sujetas a regulación.
Francia cuenta con un índice de referencia que varía según el índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, las ciudades tienen la libertad de restringir el aumento de los precios de alquiler hasta un 20% por encima del alquiler medio de referencia.
Parques de alquiler social
Países Bajos y Austria tienen un alto porcentaje de viviendas destinadas al alquiler social, lo que permite precios más accesibles para todos. Estos países acumulan un 30% y un 24% respectivamente de viviendas de alquiler social, cuyos precios se ajustan a la inflación y son inferiores a los del mercado.
En España, el parque de vivienda social representa solo el 2,5% del total de residencias, uno de los más pequeños de la Unión Europea. El Gobierno se ha propuesto alcanzar las 184.000 viviendas en alquiler social para cubrir parte del déficit de vivienda pública.
Prohibición de venta de inmuebles a extranjeros
Canadá ha prohibido a los extranjeros no residentes adquirir viviendas en el país durante dos años para controlar el aumento de los precios. Esta medida se ha extendido hasta 2027.
Imagen: infobae
