El Ministerio de Sanidad planea limitar la presencia del sector privado en el sistema público de salud a través de una nueva ley de gestión pública sanitaria. La norma, llamada ley de gestión pública e integridad del sistema nacional de salud, tiene como objetivo principal limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.
Esta ley busca solucionar problemas como la pérdida de control en la gestión por parte de las administraciones públicas y el blindaje diferencial de los contratos con el sector privado. Además, permitirá la reversión de modelos de privado a público, lo que significa que hospitales que fueron gestionados por una empresa privada podrán volver a depender exclusivamente de la administración pública.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el objetivo de la ley es evitar la corrupción y la parasitación del sector público sanitario por parte de empresas privadas. Aunque la ley no prohíbe la concesión o contratación de algunos servicios, busca evitar la privatización de la sanidad, que según la ministra ha llevado a más mortalidad y menos calidad en otros países.
La sanidad privada ha mostrado su descontento con las declaraciones de la ministra y ha argumentado que la colaboración público-privada es necesaria para abordar las listas de espera y garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Según el sector privado, poner fin a los conciertos supondría un gasto de 2.746 millones de euros al año.
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