Los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables en 2014 desembocaron en distintos embargos, pero también en un escenario de ‘default’ técnico que afecta directamente a cuatro títulos de deuda pública. Las empresas afectadas estiman que el sobrecoste provocado por el ‘default’ ascenderá a 2.100 millones hasta diciembre de 2023 y a 4.900 millones a cierre de 2024. Además, el perfil de riesgo afecta negativamente al PIB, reduciendo la actividad en 2.560 millones entre abril y diciembre de 2023 y en 4.780 millones adicionales a lo largo de 2024. La inseguridad jurídica y la incertidumbre institucional generada por esta situación perjudican notablemente a España, por lo que el Ministerio de Economía ha contratado servicios de asesoría para mitigar el riesgo. Si persisten los impagos, se podrían embargar bienes y propiedades del Reino de España en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos. El ‘default’ técnico ya ha provocado un impacto de 4.660 millones hasta diciembre de 2023 y podría alcanzar los 12.240 millones en 2024. Además, se suman 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros y obligaciones por valor de 1.500 millones de las 26 condenas aún no resarcidas. Para financiar la transición energética, España debe resolver la inseguridad jurídica, respetar las indemnizaciones y establecer un plan de pago creíble.
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