El Gobierno de Giorgia Meloni ha implementado una nueva ley de seguridad que introduce veinticuatro nuevos delitos y penas más severas. La Cámara de Diputados ha aprobado este proyecto, que ahora se encuentra en el Senado, donde podría ser modificado. Sin embargo, el Ejecutivo cuenta con una mayoría suficiente para avanzar con su agenda.
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la prisión de hasta 27 años para quienes causen daños a infraestructuras. Además, la resistencia a un funcionario público podría conllevar hasta 16 años de cárcel. Un nuevo delito que ha generado controversia es la ocupación ilegal de viviendas, que podría ser castigada con hasta siete años de prisión.
La Liga, liderada por Matteo Salvini, ha introducido en el debate una propuesta para establecer una comisión que evalúe la castración química para violadores y pedófilos. Esta medida ha suscitado un intenso debate, ya que algunos la consideran un retroceso a prácticas medievales. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha expresado su oposición, argumentando que la castración química podría ser inconstitucional y contraria a la función reeducativa del castigo.
La propuesta de la Liga no prevé la administración obligatoria de la castración, sino que ofrecería una reducción de pena a quienes acepten someterse a este tratamiento. Sin embargo, la eficacia de la castración química ha sido cuestionada, y muchos expertos advierten que no aborda las raíces de la violencia sexual.
Además de la castración química, el proyecto de ley incluye otras medidas controvertidas, como penas de prisión para quienes bloqueen carreteras o líneas ferroviarias. También se establece que los extracomunitarios deberán presentar una copia de su permiso de residencia para adquirir una SIM en Italia. La fuerte polémica en torno a la castración química ha desviado la atención de otros delitos que también tendrán un impacto significativo en la sociedad italiana.
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