La Comisión Europea ha emitido varios avisos al Gobierno de España sobre el sistema de luz regulado, conocido como Precio Venta al Pequeño Consumidor (PVPC). Este modelo, disponible desde 2014, es utilizado por aproximadamente 8,5 millones de hogares y pequeñas empresas en el país. Sin embargo, la posible restricción de este servicio a «hogares vulnerables» podría dejar fuera a casi 7 millones de usuarios, obligándolos a buscar alternativas en el mercado libre de electricidad.
Desde Chippio, una comercializadora española, se están analizando las opciones actuales del mercado ante este posible cambio normativo. Según sus datos, el PVPC ha dejado de ser siempre la opción más económica. Desde el 1 de enero, esta tarifa ha pasado a ser un híbrido entre el precio de mercado y un precio fijo vinculado al mercado de futuros de la electricidad. Esto ha provocado un encarecimiento de la tarifa, especialmente en momentos donde el precio de mercado es bajo debido al impulso de las energías renovables.
En lo que va de año, el PVPC ha llegado a ser un 30% más caro que las tarifas indexadas en ciertos meses. Estas tarifas indexadas permiten a los consumidores pagar solo por el precio de generación de la energía en el mercado, lo que se prevé que se mantenga bajo gracias a la presencia de fuentes renovables.
Por otro lado, el 41% de los hogares en España tienen contratadas tarifas de luz fijas, que suelen incluir márgenes y resultar más costosas a largo plazo. A pesar del encarecimiento estacional en los meses de verano, se espera que los precios de generación vuelvan a caer, haciendo que las tarifas indexadas sean la mejor opción para rentabilizar el consumo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) defiende la necesidad de mantener el PVPC, argumentando que las tarifas reguladas ayudan a controlar el mercado y ofrecen un refugio frente a las agresivas políticas comerciales. Aunque el PVPC no siempre es la opción más barata, es preferible a las tarifas más desfavorables del mercado.
Imagen: Business Insider
