Las autopistas de peaje rescatadas por el Estado en 2014, tras la crisis de 2008, siguen siendo un lastre financiero. A pesar de las expectativas iniciales, estas vías apenas generan tráfico y beneficios. La Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) se encarga de su gestión, pero los resultados son decepcionantes.
Construidas entre 1999 y 2004, estas autopistas fueron promovidas como soluciones a los problemas de tráfico. Sin embargo, la crisis financiera afectó gravemente su uso. El rescate estatal, que se llevó a cabo entre 2018 y 2019, no ha logrado revertir la situación. El plan de explotación 2022-2032 prevé ingresos modestos de 1.000 millones de euros, insuficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento.
El diseño ineficiente de muchas de estas autopistas es uno de los factores que explican su bajo rendimiento. Por ejemplo, la M-12, que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas, compite con alternativas gratuitas y ha visto un descenso drástico en el tráfico. Las previsiones iniciales eran de 50.000 vehículos diarios, pero en 2012 apenas pasaban 7.200 coches.
Además, la crisis de 2008 redujo el número de vehículos en estas vías, y los altos costos de expropiación y litigios han incrementado la presión financiera. Algunas autopistas, como la AP-41 y la M-12, han acumulado pérdidas significativas, mientras que otras, como la AP-36, han mostrado un rendimiento más equilibrado.
El futuro de estas autopistas rescatadas no es prometedor. A pesar de los esfuerzos por aumentar el tráfico, el modelo de autopistas de pago en España parece estar en crisis. La preferencia del público por alternativas gratuitas, a pesar de los atascos, plantea serias dudas sobre la viabilidad de estas infraestructuras.
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