La última reforma de las pensiones (2021-2023) conlleva un aumento del gasto público en comparación con el escenario previo, principalmente por la revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al aumento de los precios. Este sobreesfuerzo en una partida que ya de por sí está en aumento por el envejecimiento poblacional, conllevará, según Bruselas, un crecimiento del gasto de cinco puntos adicionales sobre el PIB entre 2022 y 2070.
Según las proyecciones, la revalorización de las pensiones preexistentes se estabiliza en una tasa anual del 2% (la inflación a la que aspira llegar el BCE), un porcentaje inferior a la tasa de crecimiento prevista para los salarios. A esto se suma que la proporción de pensiones de vejez limitadas al umbral máximo que se puede cobrar crece con el tiempo como consecuencia de las subidas salariales.
El declive esperado se debe, en última instancia, al envejecimiento de la población, con unas tasas de natalidad muy bajas y unas generaciones menos numerosas que las anteriores a pesar de la inmigración. Esta composición demográfica no permite un sistema tan generoso de pensiones públicas como el existente hasta el momento, al menos con la legislación actual.
A pesar del descenso descrito, España seguirá teniendo ratios elevadas de la pensión respecto al salario. En 2022 era el tercer país, solo por detrás de Grecia e Italia, con una ratio de prestación más elevada y en 2070 mantendría la posición. La diferencia es amplia con la media de la UE: para esa fecha, la ratio española sería del 51,4% mencionado, pero en la media de los 27 solo alcanzaría el 35,8% y en la zona euro el 35,6%.
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