El Consejo Económico y Social (CES) de España ha solicitado una mayor precisión y concreción en la regulación de los controles parentales en dispositivos móviles, según el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales. Esta normativa obliga a los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet a incluir una funcionalidad de control parental, activada por defecto en la configuración inicial del dispositivo.
El CES, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha aprobado un dictamen en el que, aunque apoya la necesidad de esta funcionalidad para proteger a los menores de contenidos nocivos, señala que la redacción actual del anteproyecto genera dudas. El CES considera necesario un mayor esfuerzo de precisión en la norma para garantizar la certidumbre jurídica y eliminar cualquier riesgo de desprotección de los derechos de la infancia.
Aunque el CES ve la iniciativa como oportuna y necesaria, critica el procedimiento seguido para su elaboración y la falta de diálogo con las organizaciones sociales y económicas afectadas. Además, advierte que el texto del anteproyecto podría sufrir modificaciones, lo que limita su función consultiva.
El CES también destaca la ausencia de un apartado de definiciones claras en el anteproyecto, lo que podría limitar la seguridad jurídica en su aplicación. Ejemplos de términos indefinidos incluyen ‘material abusivo’, ‘uso problemático’ y ‘uso excesivo’ de las tecnologías de la información y la comunicación.
En cuanto a la dimensión de salud pública, el CES echa en falta referencias a estudios e investigaciones que demuestren los riesgos asociados a los entornos digitales, como adicciones y problemas de autoestima. Valora positivamente la promoción de estudios sobre el impacto de los entornos digitales en la infancia.
En el ámbito educativo, el CES sugiere una perspectiva más amplia y preventiva, fomentando la formación en el uso adecuado de los entornos digitales. También considera que la responsabilidad de la formación digital debe recaer en las administraciones educativas y los centros escolares, aunque recomienda establecer requisitos mínimos y mecanismos de coordinación para garantizar la igualdad de condiciones en el sistema educativo.
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