El reciente real decreto que obliga a empresas de hospedaje, alquiler de coches y agencias de viajes a ceder hasta 28 nuevos datos de sus clientes ha generado un gran revuelo en el sector turístico. A partir del 2 de diciembre, se requerirá información como el correo electrónico, el método de pago y la relación de parentesco con los menores que acompañan a los viajeros.
Varias patronales europeas han enviado una carta al Gobierno pidiendo la revocación de esta normativa, argumentando que es desproporcionada e innecesaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el decreto, asegurando que se consideraron todos los derechos, incluyendo la privacidad y la seguridad ciudadana.
Sin embargo, las patronales critican que esta normativa podría llevar a un caos administrativo y a sanciones de hasta 30.000 euros por incumplimiento. Además, advierten que la recopilación de datos podría disuadir a los turistas de elegir España como destino, afectando la competitividad de las empresas, especialmente las microempresas.
El decreto también plantea problemas legales en relación con la protección de datos, ya que se requiere una cantidad considerable de información que podría contradecir la normativa vigente. Expertos en derecho digital han señalado que la cantidad de datos solicitados es excesiva y que debería aplicarse el principio de minimización de datos.
En resumen, el nuevo decreto ha suscitado un intenso debate sobre la necesidad de equilibrar la seguridad con la protección de la privacidad de los ciudadanos y la viabilidad del sector turístico en España.
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