China se enfrenta a uno de los retos económicos más importantes de los últimos 20 años. Su modelo de desarrollo está siendo afectado por el bloqueo de semiconductores de EE.UU. y una economía postpandemia que no responde a los estímulos. Además, se observa una crisis de producción y social, donde los empleados exigen mejores condiciones laborales. Ante esta situación, las autoridades chinas han decidido que, si los obreros no vienen a las fábricas, las fábricas irán a los obreros.
La mano de obra barata ha sido un pilar del crecimiento chino. Durante décadas, trabajadores de provincias empobrecidas se trasladaron a zonas costeras ricas en busca de empleo. Sin embargo, la prosperidad ha permitido que los hijos de estos trabajadores se licencien en la universidad, lo que ha llevado a un aumento en las demandas salariales y mejores condiciones laborales. Esto ha incrementado los costes de producción, lo que ha llevado a muchas empresas a cerrar sus fábricas en China.
Como solución, el gobierno chino ha optado por trasladar las fábricas a provincias menos industrializadas, donde los costes laborales son más bajos. Por ejemplo, Foxconn, proveedor de Apple, ha trasladado parte de su producción a Chengdu y Henan, donde los salarios son hasta un 30% inferiores a los de las zonas costeras. Esta estrategia busca mantener la competitividad de la producción china sin depender de la mano de obra costosa de las grandes ciudades.
En China, los salarios mínimos se fijan a nivel provincial, lo que genera diferencias significativas. En Shanghái, el salario medio anual es de 132.802 yuanes, mientras que en provincias del interior apenas alcanza los 89.941 yuanes. Esta disparidad permite a las fábricas en el interior mantener costes más bajos y seguir siendo competitivas en el mercado global.
