El Gobierno catalán ha declarado la emergencia por sequía en más de doscientos municipios donde residen casi seis millones de personas. La situación afecta especialmente a las cuencas internas de esta comunidad autónoma, una red de embalses que abastece al 92% de la población. Las reservas hídricas de Cataluña se encuentran al 15,80% de su capacidad. Se establecen restricciones como la reducción de la dotación máxima de agua por persona y día, prohibición de lavar autos y llenar piscinas privadas, y recortes en el riego agrícola, uso de agua para la ganadería y consumo de agua para usos industriales y recreativos. El Gobierno catalán está ejecutando un plan de gestión del agua que implica una inversión de cerca de US$ 2.600 millones para lograr una mayor disponibilidad.
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