En mayo de 2024, la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se pronunció en redes sociales sobre un caso de discriminación laboral en Coín, Málaga. Un panadero había ingresado la nómina de uno de sus empleados con el concepto «nómina abril maricón». El trabajador, tras recibir este trato, solicitó explicaciones al empresario, quien se desentendió del asunto, culpando a su gestor y al banco.
El empleado denunció que, desde que su orientación sexual fue conocida, había sufrido acoso en su lugar de trabajo. Esto llevó a que presentara una demanda ante la Inspección de Trabajo, reclamando una mediación para resolver su autodespido, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales.
Recientemente, el Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha ordenado el embargo preventivo de cuentas y vehículos del propietario de la panadería, valorados en 33.000 euros. Esta medida se ha tomado en el marco de la investigación en curso, a petición del sindicato CGT, debido a una infracción considerada «muy grave en grado medio».
La jueza ha decidido que, si el trabajador afectado recibe el alta médica antes de la sentencia, la panadería deberá seguir cotizando y pagando salarios hasta que se dicte la resolución del juicio, programado para enero de 2025. Además, el sindicato ha denunciado que el empleado estaba contratado a jornada parcial, pero en realidad trabajaba más horas sin recibir el salario mínimo.
En junio, se intentó mediar en el conflicto en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Málaga, pero no se llegó a un acuerdo debido a la negativa del empresario a aceptar la solicitud de autodespido del trabajador. Este caso pone de manifiesto no solo la discriminación por orientación sexual, sino también un posible cuadro de explotación laboral.
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