La región de Bruselas-Capital ha decidido tomar medidas drásticas para abordar la crisis de vivienda que enfrenta. A través de una iniciativa poco convencional, están confiscando casas desocupadas y luego las están arrendando a precios sociales. Esta medida se basa en el Droit de Gestion Publique (DGP), una herramienta legal que permite a los municipios tomar el control de viviendas vacías, renovarlas y alquilarlas temporalmente a precios asequibles. Con alrededor de 4.500 casas desocupadas en Bruselas, esta medida tiene el potencial de tener un impacto significativo. El objetivo es abordar la subida de precios y la escasez de viviendas asequibles en la región. El DGP permite a los operadores de gestión pública hacerse cargo de viviendas desocupadas o en mal estado, renovarlas y alquilarlas a precios reducidos durante al menos nueve años. Sin embargo, esta medida solo se aplica a viviendas desocupadas o declaradas inhabitables. Los propietarios que incumplen la ley pueden enfrentar multas de hasta 500 euros por metro lineal de fachada. Aunque esta medida puede ser controvertida, las autoridades belgas creen que es una forma efectiva de abordar la crisis de vivienda en la región. Algunos municipios, como Ixelles, Etterbeek y Saint-Gilles, ya han comenzado a implementar el DGP y han identificado viviendas que podrían ser confiscadas y arrendadas a precios sociales. Con miles de viviendas vacías en Bruselas, esta medida podría ayudar a aliviar la crisis de vivienda y proporcionar viviendas asequibles a aquellos que más lo necesitan.
