Un año después de la entrada en vigor de las bajas por menstruación incapacitante, solo se han tramitado 1.559 solicitudes, con una duración media de tres días. Esta cifra es mínima en comparación con los 8,8 millones de procesos de baja iniciados en 2023. Las expertas señalan al infradiagnóstico y al temor a la discriminación laboral como principales causas de este bajo número.
La posibilidad de pedir estas bajas se aprobó en el marco de la ley del aborto y entró en vigor el 1 de junio de 2023. Para solicitarla, las pacientes deben contar con un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, asociada a patologías como endometriosis, miomas o inflamación pélvica. La prestación económica la abona la Seguridad Social desde el primer día de la baja.
La vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, coinciden en que la falta de perspectiva de género en el sistema sanitario y el infradiagnóstico explican el bajo número de prestaciones concedidas. Ambas abogan por el reconocimiento de esta baja laboral para visibilizar las circunstancias de las mujeres y evitar la discriminación.
Según un estudio de Kantar, el 49 % de las mujeres sufre reglas dolorosas, cifra que asciende al 76 % en las más jóvenes. El Ministerio de Igualdad estimó que unas 60.000 mujeres podrían sufrir reglas incapacitantes, pero las cifras de bajas han estado muy por debajo de esas estimaciones.
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