Miles de autónomos están recibiendo cartas de sus mutuas en las que se les reclama la devolución de las ayudas económicas recibidas durante la pandemia, lo que está generando problemas económicos. En mayo de 2023, el entonces ministro de Seguridad Social negó que se tuviera que devolver ninguna ayuda. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha enviado un informe al Parlamento en el que reconoce que hubo numerosos incumplimientos en la concesión de las ayudas.
El Gobierno puso en marcha la concesión automática de una prestación extraordinaria por cese de actividad y la exención de las cuotas sociales durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado que 281.000 autónomos recibieron 505,5 millones de euros en ayudas sin cumplir los requisitos legales o sin tener su actividad económica suspendida. La gestión de estas ayudas se vio condicionada por la escasa y poco clara regulación jurídica, así como por las sucesivas modificaciones que se realizaron.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca que la regulación fue insuficiente para una adecuada gestión, lo que provocó inseguridad jurídica y desigualdad de trato entre los beneficiarios. Además, se detectaron incumplimientos e incidencias en el procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas. En total, 281.000 autónomos recibieron ayudas sin cumplir los requisitos, lo que supuso un importe de 505,5 millones de euros.
Estos incumplimientos han llevado a las mutuas a revisar las ayudas cobradas en el primer año de la pandemia y a reclamar su devolución de forma irregular. A pesar de que en abril el ministro de Transición Digital y Función Pública negó esta posibilidad, los hechos han demostrado lo contrario.
En resumen, miles de autónomos están siendo requeridos para devolver las ayudas económicas recibidas durante la pandemia. El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosos incumplimientos en la concesión de estas ayudas, debido a la escasa y poco clara regulación jurídica y a las sucesivas modificaciones realizadas. Esto ha generado inseguridad jurídica y desigualdad de trato entre los beneficiarios. Las mutuas están revisando las ayudas cobradas y reclamando su devolución en casos de irregularidades.
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