En los últimos meses, Asturias se preparaba para convertirse en un hub del almacenamiento de baterías, con más de 170 solicitudes en curso. Sin embargo, el gobierno autonómico ha decidido suspender la instalación de nuevos parques de baterías hasta finales de año. Esta decisión, anunciada por el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, busca priorizar los intereses de los vecinos sobre los empresariales.
La propuesta inicial incluía un límite de un kilómetro entre las instalaciones y las áreas urbanas y rurales, pero no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones de los habitantes. La consulta pública resultó en 21 alegaciones, de las cuales 13 provenían de asociaciones vecinales que demandan una regulación más estricta para estas instalaciones. Los vecinos expresan su inquietud por el impacto en la salud, el medio ambiente y la estética del paisaje.
Por otro lado, las alegaciones restantes fueron presentadas por empresas y asociaciones que tienen intereses en la implementación de estos proyectos. A finales de junio, había 170 solicitudes, de las cuales 47 estaban en tramitación y 35 ya publicadas. El nuevo decreto establecerá las ubicaciones aptas para las instalaciones y limitará las zonas de exclusión para proteger los recursos naturales.
El almacenamiento de energía es crucial para las energías renovables, ya que permite gestionar el excedente de electricidad. Aunque las baterías son una opción común, existen otras alternativas, como las hidroeléctricas que utilizan sistemas de bombeo de agua.
La situación en Asturias refleja un problema más amplio en España, donde cada comunidad autónoma enfrenta sus propios desafíos energéticos. En Aragón, hay controversias sobre el excedente de energía, mientras que en Galicia se busca reducir las facturas de luz. La Comunidad Valenciana, por su parte, continúa dependiendo de la energía nuclear. Este desequilibrio energético y la desigualdad en la capacidad instalada son el núcleo del problema.
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