El Juzgado de lo Social número cinco de Zaragoza ha condenado al Gobierno de Aragón a pagar 54.500 euros a un paciente con una grave enfermedad cardíaca. Este hombre, de 68 años, tuvo que recurrir a la sanidad privada para salvar su vida tras no recibir la atención necesaria en el Hospital Miguel Servet.
En marzo de 2021, el paciente fue ingresado de urgencia debido a un episodio sincopal y un cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada. A pesar de su grave estado, los profesionales del hospital le informaron que no sería operado, lo que implicaba una muerte inminente en un plazo de 4 a 5 días. Ante esta situación crítica, el paciente decidió acudir a la Clínica de Navarra, donde fue operado de forma inmediata, aunque la intervención superó los 50.000 euros.
El hombre, obligado a pedir un préstamo bancario para cubrir los gastos, se dirigió a la Asociación El Defensor del Paciente para reclamar al Gobierno de Aragón el coste de la operación. Tras desestimar su petición, el caso llegó al Juzgado de lo Social, que dictó sentencia el 22 de julio de 2024, obligando al Gobierno a indemnizar al paciente por considerar que se encontraba en riesgo vital.
Carmen Flores, presidenta de la asociación, criticó la situación, afirmando que es una vergüenza que los ciudadanos deban pagar por la sanidad pública y, además, tener que asumir gastos exorbitantes para salvar sus vidas. El abogado Ricardo Agóiz, especialista en derecho sanitario, subrayó que el paciente sobrevivió gracias a que él y su familia contaban con recursos económicos para afrontar el préstamo, de lo contrario, habría fallecido.
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