Desde hace décadas, la gestión del agua en el río Guadiana ha sido motivo de controversia entre España y Portugal. Las denuncias de agricultores y ecologistas portugueses sobre una supuesta apropiación indebida de agua por parte de España se enfrentan a la defensa de la legalidad por parte de la Junta de Andalucía y los agricultores españoles. La actual sequía en el sur de España y la proyección de una nueva estación de bombeo para abastecer el Algarve han reavivado el debate sobre la política hídrica.
El Gobierno portugués, liderado por Luís Montenegro, ha anunciado que está trabajando con España en un nuevo texto que actualice la situación del Guadiana y del Tajo. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un perfil bajo. El Convenio de Albufeira de 1998 estipula las cantidades de agua que ambos países pueden consumir de los tramos hidrográficos internacionales. Portugal es propietario del embalse de Alqueva y responsable de la gestión del caudal ecológico del Guadiana en su territorio.
La situación se complica con la estación de bombeo de Bocachanza, en la orilla española, que según los portugueses debería haber cesado su actividad tras la construcción de las presas de Chanza y Andévalo en 2003. Sin embargo, España sigue utilizando esta captación, lo que ha generado críticas por parte de las autoridades y agricultores portugueses. Desde Andalucía, se defiende que la captación es legal y está amparada por el Plan Hidrológico del Guadiana de 1998.
Las tensiones se agravan con acusaciones de captaciones irregulares de agua en el embalse de Alqueva y la zona de Pomarão. Los agricultores portugueses critican que España no cumple los tratados internacionales y capta agua de manera abusiva. La falta de un acuerdo de pago entre ambos países y la ausencia de control sobre las captaciones españolas son puntos de conflicto. Las negociaciones entre ambos gobiernos buscan resolver estas discrepancias y asegurar una gestión equitativa del recurso hídrico.
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