El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Esta ley, aprobada por el Gobierno de PSOE y Sumar, ha generado controversia y oposición por parte de PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
La ley establece que la amnistía será aplicada por los órganos judiciales, administrativos o contables, quienes deberán tomar decisiones urgentes en un plazo máximo de dos meses. En el ámbito penal, los procedimientos en fase de instrucción serán sobreseídos libremente, previa audiencia con el Ministerio Fiscal y las partes. En fase de juicio oral, se dictará auto de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria si se propone aplicar la ley.
Medidas inmediatas incluyen el alzamiento de órdenes de búsqueda y captura, como en el caso de Carles Puigdemont, quien podría regresar a España si se levanta su orden de detención europea. El Tribunal Supremo deberá decidir si se le aplica la amnistía, y es probable que eleve la medida a la justicia europea o al Tribunal Constitucional.
La ley podría afectar a unos 400 independentistas y más de 70 policías por hechos relacionados con el referéndum ilegal de 2017. La publicación de esta ley coincide con los resultados de las elecciones europeas y la conformación de la Mesa del Parlament catalán, donde Josep Rull de Junts ha sido nombrado presidente.
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