El 14 de mayo, el Banco Santander notificó a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) que sus bases de datos habían sido violadas, exponiendo información sensible de millones de clientes en España, Uruguay y Chile. Apenas una semana después, otras grandes firmas del Ibex 35, como Telefónica e Iberdrola, también sufrieron ciberataques. La Dirección General de Tráfico (DGT) notificó una fuga de datos de conductores, lo que subraya la creciente vulnerabilidad de las instituciones españolas.
Expertos en ciberseguridad no se sorprenden por estos incidentes. Hervé Lambert, de Panda, y David Sancho, de Trend Micro, coinciden en que los ciberataques son cada vez más sofisticados y frecuentes. Según IBM, el coste medio de una filtración de datos supera los 4 millones de euros, un 15% más que hace tres años. En España, los ciberataques se duplicaron entre 2022 y 2023, alcanzando los 107.777 incidentes, según el Centro Criptológico Nacional (CCN).
El desarrollo de tecnologías como el 5G y la inteligencia artificial facilita el trabajo de las mafias cibercriminales, que buscan vulnerar sistemas de grandes empresas para obtener rescates millonarios. Los expertos descartan que los recientes ataques en España sean patrocinados por estados como Rusia o Israel, y apuntan a grupos criminales como ShinyHunters, que ya comercian con los datos robados en la Dark Web.
En resumen, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las empresas españolas, que deben estar preparadas para enfrentar amenazas cada vez más complejas y dirigidas. La nueva normalidad en el ámbito digital exige medidas de protección robustas y una constante vigilancia para mitigar los riesgos.
Imagen: EP
