El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aplicado en España entre 2013 y 2018. Esta decisión abre la puerta a que los consumidores reclamen el dinero pagado durante ese periodo, que podía variar entre 0 y 4,8 céntimos por litro según la comunidad autónoma.
El impuesto se dividía en dos tramos: uno estatal y otro autonómico. El tramo estatal era fijo, mientras que el autonómico permitía a las comunidades autónomas establecer su propio tipo impositivo, lo que ha sido considerado ilegal por la UE. La cantidad total que podrían reclamar los conductores se estima en más de 6.500 millones de euros.
La devolución del dinero no está clara debido a la complejidad del sistema de pago del impuesto. Las empresas de almacenamiento cargaban el impuesto a los distribuidores, quienes a su vez lo repercutían a los consumidores finales. Esto ha generado incertidumbre sobre quién tiene derecho a reclamar la devolución.
En caso de iniciar los trámites para solicitar la devolución, será el Tribunal Supremo el que decida si procede o no. Si no se permite la devolución, los afectados podrían instar la responsabilidad patrimonial del Estado o acudir a la vía civil para exigir una compensación. Esta situación podría hacer que solo las empresas con reembolsos significativos inicien los procesos administrativos.
Imagen: BP
