Desde hace unos meses, Gertrudis, una vecina de Cáceres de 76 años, se ha visto envuelta en un litigio que parece sacado de una novela de Kafka. Un error en la inscripción de dos locales en el registro de la propiedad ha llevado al embargo de un bajo que usaba como trastero, donde guardaba recuerdos familiares importantes. Gertrudis reclama al BBVA, el banco que solicitó el lanzamiento, la devolución de sus pertenencias, pero nadie sabe dónde están. La entidad financiera asegura que no hubo error y que el procedimiento contó con aval judicial.
El conflicto se remonta a los años 80, cuando un bajo comercial en la plaza Roque Balduque se dividió en dos. Uno de los locales, de 96 metros cuadrados, perteneció a una empresa que contrajo una deuda con el BBVA, mientras que el otro, de 50 metros cuadrados, fue comprado por Gertrudis en los 90. Según la abogada de la familia, Lola Gibello, el problema radica en un error en la descripción de los linderos al registrar los locales.
En 2024, el BBVA interpuso un desahucio por precario contra los ocupantes desconocidos de la finca registral, y el procedimiento avanzó con autorización judicial. En marzo, una empresa contratada por el banco accedió al bajo y se deshizo de los enseres, entre ellos, tres motocicletas del hijo de Gertrudis y objetos con gran valor sentimental. La familia no fue notificada del desahucio, por lo que no pudieron recoger sus pertenencias.
El banco encargó un informe pericial que concluyó que el lanzamiento se realizó correctamente, identificando el local según el registro de la propiedad. Sin embargo, la familia ha reclamado judicialmente la devolución de los objetos, pero el banco no sabe dónde están. La jueza ha requerido al BBVA la devolución de los enseres, señalando una posible confusión en los linderos registrales.
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