Andorra ha aprobado una nueva Ley de la lengua propia y oficial que requerirá acreditar un nivel mínimo de catalán a los residentes para renovar su permiso de inmigración a partir de 2029. La norma ha sido aprobada con amplio consenso en el Consejo General, con solo 3 votos en contra del grupo parlamentario minoritario de Andorra Endavant.
La consellera general de Andorra Endavant ha criticado la ley, argumentando que puede generar resistencia y aversión a la lengua y poner en peligro la economía y la cohesión social. También ha lamentado las sanciones previstas, que pueden llegar a los 60.000 euros en los casos más graves.
Apoyo y requisitos de la ley
Por otro lado, los grupos de la mayoría y los otros dos de la oposición han votado a favor de la ley. El texto final establece que a partir de 2026 se requerirá una formación de catalán de 30 horas para obtener la renovación del permiso de residencia y trabajo si no se acredita un nivel A1. En la segunda renovación, el nivel a acreditar será el A2 y a partir de 2029 esta exigencia será aplicable a todos los permisos de inmigración emitidos por el Principado.
Además, las empresas deberán garantizar la atención al público en catalán y las administraciones tendrán la obligación de fomentar la promoción de las obras audiovisuales en catalán. La ministra andorrana de Cultura ha defendido la ley, argumentando que el número de personas que asisten a los cursos de catalán se ha triplicado desde que se dio a conocer.
Resumen de la ley
En resumen, Andorra ha aprobado una nueva Ley de la lengua que requerirá acreditar un nivel mínimo de catalán a los residentes para renovar su permiso de inmigración a partir de 2029. La norma ha sido aprobada con amplio consenso, a pesar de las críticas de un grupo parlamentario minoritario. La ley establece también la obligación de formación en catalán para obtener la renovación del permiso de residencia y trabajo, así como la atención al público en catalán por parte de las empresas y la promoción de las obras audiovisuales en catalán por parte de las administraciones. La ministra de Cultura defiende la ley argumentando que la lengua no debe ser vista como una barrera, sino como una oportunidad de compartir e integrarse.
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