Los países de la Unión Europea han relajado las obligaciones de la nueva directiva que exigirá a las grandes empresas mitigar los riesgos de sus actividades en materia de derechos humanos y respeto del medioambiente entre críticas de las ONG por la falta de ambición del texto final. Los embajadores de los Estados miembros han podido dar así su visto bueno a una normativa que fue bloqueada a finales de febrero después de que Alemania, Francia e Italia expresasen reticencias sobre el texto ya acordado con el Parlamento Europeo. El gobierno belga, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, ha trabajado desde entonces para sacar adelante un acuerdo contrarreloj, puesto que la directiva podría haberse quedado bloqueada por la cercanía de las elecciones europeas. Finalmente, el texto que estaba sobre la mesa este viernes ha sido aprobado por mayoría cualificada con el voto a favor de Italia y de Francia, mientras que una decena de países, entre ellos Alemania, Austria, Hungría o Suecia, se han abstenido, según precisan a EFE diversas fuentes comunitarias. España, que ya apoyaba anteriormente la directiva, ha mantenido su voto positivo. La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas, por lo que es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales. Entre los principales cambios introducidos por los Veintisiete destaca un aumento de los umbrales que marcan qué empresas estarán afectadas por las obligaciones de la directiva: serán aquellas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de facturación anual, frente a los 500 empleados y 150 millones de euros en ingresos que recogían borradores anteriores. En consecuencia, el texto definitivo de la directiva de diligencia debida ha sido duramente criticado por varias ONG, que denuncian que sus exigencias han sido reducidas o diluidas ‘masivamente’ a expensas del sector empresarial europeo. Esta organización calcula que el incremento de los umbrales solo obligará a cumplir con las obligaciones de la directiva a unas 5.500 empresas europeas, mientras que unas 17.000 habrían caído bajo el alcance de la norma con su redacción anterior. La directiva, en todo caso, debe ser ahora aprobada por el Parlamento Europeo, primero por su comisión de Asuntos Jurídicos y después por el conjunto del pleno, para que pueda entrar en vigor.
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